Presentación completa de la propuesta evangélica.EXCMO.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DON SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE
Los suscritos, BERNARDO AMADO CARTES VENEGAS, Obispo Presidente y representante legal de la IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE, persona jurídica de derecho público, Registro N° 43 del Registro Público de Iglesias, confesiones e instituciones religiosas del Ministerio de Justicia, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 2489 Tercer Piso, Santiago; ROBERTO ALEJANDRO LÓPEZ ROJAS, Obispo Presidente de la corporación IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE, cuya personalidad jurídica fue otorgada por Decreto Supremo N° 2.148, de fecha 30 de septiembre de 1929, ambos domiciliados en el Edificio Sede, ubicado en calle Obispo Umaña Salinas N° 139, comuna de Estación Central, Santiago; JUAN ORMEÑO LAGOS, Presidente y representante legal de la IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL, persona jurídica de derecho público, registro N° 58 del Registro Público de Iglesias, confesiones e instituciones religiosas del Ministerio de Justicia, ambos domiciliados en calle Enrique Rivera Nº 1.762, comuna de Independencia, Santiago; LUIS ULISES MUÑOZ MORAGA, Obispo de la IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE, persona jurídica de derecho público, registro N° 477 del Registro Público de Iglesias, confesiones e instituciones religiosas del Ministerio de Justicia, domiciliado en calle Rodríguez Nº 1155, Curicó; EDUARDO VALENCIA MARTÍNEZ, Superintendente y representante legal de la IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL, persona jurídica de derecho público, registro N° 14 del Registro Público de Iglesias, confesiones e instituciones religiosas del Ministerio de Justicia, ambos domiciliados en calle Fernando Lazcano Nº 1.298, Comuna de San Miguel, Santiago, República de Chile; y RAÚL EDGARDO ROMERO ESPINOZA, abogado, domiciliado en calle Barros Arana N° 492, Piso 6, Of. 61, Torre Ligure, Concepción; junto con saludarlo y reiterar nuestras suplicas al Altísimo, para que él lo bendiga y le otorgue sabiduría para ejercer su alto cargo; por esta presentación y en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, a Ud. respetuosamente exponemos:
Que, en virtud de las facultades privativas que le confieren los artículos 32 N° 1 y 127 de nuestra Carta Fundamental, Solicitamos a Ud. considerar el estudio y posterior ingreso al H. Congreso Nacional de un proyecto de reforma del artículo 1° inciso 4° de la Constitución Política de la República, consistente en intercalar a su actual texto, entre las palabras “familia” y “propender”, la frase “y al matrimonio entre un hombre y una mujer, y sustituir la voz “ésta” por “éstos”; de modo que la norma quede, en definitiva, redactada de la siguiente forma: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer, propender al fortalecimiento de éstos, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Son fundamentos de esta presentación los siguientes:
A) ANTECEDENTES
Nuestro país ha experimentado en los últimos 30 años cambios sustanciales en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.
Muchas de estas transformaciones son muy positivas, como el perfeccionamiento de nuestro régimen político-institucional; el evidente progreso en las condiciones de vida de muchos ciudadanos; el mejor acceso de sectores carenciados a recursos y oportunidades a los que, hasta hace algún tiempo, sólo podían aspirar los grupos más privilegiados; la integración al mundo, como herramienta de desarrollo económico; etc.
Lamentablemente, de la mano a estos avances y a los cambios culturales que conllevan, ha surgido una suerte crisis de vigencia y conceptualización de instituciones tan fundamentales tales como el de la familia y el de matrimonio, motivado por factores tan disímiles como la pérdida de los valores, el influjo de la sociedad de consumo en la definición de los proyectos personales y de pareja, la legalización del divorcio vincular, la revolución sexual, el incremento de las uniones de hecho, etc.
Así, ya en 1990, el Estado chileno comienza a reconocer la existencia de varios “tipos” de familia, luego de que la Comisión Nacional de la Familia, constituida por el ex Presidente don Patricio Aylwin concluyera que no existe una, sino que varias nociones de ésta (nuclear, simple, biparental, monoparental, extensa, compuesta, etc.); llegando al punto que, hasta hace poco, la ex ministra de Mideplan, Clarisa Hardy, haya propuesto una definición tan laxa a la institución de familia, como " núcleo de relaciones de afecto que comparten espacio y presupuesto".
La paulatina y aparente desafección al concepto de familia y, en particular, de la matrimonial se refleja, desde luego, en la progresiva reducción del número de parejas que contraen el vínculo año a año. En efecto, el año 2007, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), sector Familia, reveló que si en 1990 un 64 por ciento de los grupos familiares estaban constituidos por matrimonios, en 2006 esta cifra sólo alcanzaba el 47,8 por ciento, aumentando correlativamente las familias formadas por convivientes, solteros y anulados.
A los cambios en la conformación de los núcleos familiares, se suma la reducción en su tamaño y número de hijos, ya que el promedio de integrantes por grupo el año 2007 alcanzaba sólo a 3 personas. Hoy el número de hijos por familia promedia 1,3, en tanto que al inicio de la década de los 90 éste alcanzaba los 1,6.
Por su parte, como lo revela un investigador del CEP, el año 1982 por cada 100 mujeres mayores de 15 años, un poco más de 49 estaba casada. Dos décadas después algo menos de 45 lo estaba, registrándose una caída de 9% en este índice.
[1] Según el Servicio de Registro Civil e Identificación
[2] el año 2000, 67.397 parejas contrajeron matrimonio y el 2009, sólo 57.836. Como contrapartida, el 2005 el número nacional de divorcios ascendía a 1.191; y el año recién pasado a 21.927. En el ámbito de la niñez las cifras son más dramáticas, puesto que sólo el año pasado de los 265.840 niños nacidos en Chile, 177.256 nacieron fuera del matrimonio y sólo 88.584 lo hicieron dentro de este vínculo.
[3]
Paradojalmente y en contraposición a la situación descrita, la valoración que la ciudadanía tiene de la familia es sorprendentemente positiva. En efecto, según la Encuesta Nacional PNUD, de 2001, el 82% de los chilenos mayores de edad contraen matrimonio y, de ellos, según un estudio de la Universidad Diego Portales, el 86% se declara feliz.
En una encuesta desarrollada por Libertad y Desarrollo, en mayo de 2007, en torno a la Percepción de la importancia de la familia y el rol de los padres, los entrevistados opinaron que la familia es la vía que más se valora para alcanzar la felicidad alcanzando 9.4 puntos, de un máximo de 10. En relación con la felicidad de la pareja, un 71% considera que el matrimonio no está pasado de moda y un 70% señala que debe ser un compromiso para toda la vida. Ante la consulta si las personas casadas son más felices que quienes no se han casado, el 46,5% de la población está de acuerdo o medianamente de acuerdo con esta afirmación y el 47% en desacuerdo.
En un sondeo desarrollado por el Programa de Estudios Sociales y Desarrollo de la Pontificia Universidad de Valparaíso en conjunto con el Centro de Estudios Biobarómetro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entre los días 27 y 30 de noviembre de 2009, la gran mayoría de los encuestados (85% R. Valparaíso y 86% R. Bío Bío) indica que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Así, también, más del 50% de los encuestados considera que el Estado se ha preocupado de ayudar al fortalecimiento de la familia.
B) MATRIMONIO: NOCIÓN E IMPORTANCIA SOCIAL
Para los cristianos, como los suscritos, el matrimonio fue instituido por Dios, inmediatamente de consumada la creación, bendecido por nuestro Señor Jesucristo y es promovido por un sinnúmero de pasajes de las Santas Escrituras, declarándolo un estado honroso y santo. Como tal, es la primera institución dada al ser humano y la más antigua, la base de la familia y fundamento de toda estructura social.
En el ámbito de nuestra legislación, el artículo 102 del Código Civil, define el matrimonio como “… un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.
Sin embargo, desde principios del siglo recién pasado, el matrimonio es considerado por los juristas –al igual que nosotros- como una institución, dado que no es la libre voluntad de los contrayentes las que definen sus efectos, sino el imperio de la ley. Los esposos al optar por la celebración del vínculo, adhieren a dicho entramado jurídico, como un todo, que no puede modificar.
De este modo, para George Renard, el matrimonio “es un acto-condición bajo la forma contractual y al mismo tiempo un acto de fundación de una institución: la familia. O sea, en suma, un contrato-condición generador de una institución: la familia".
[4]
En nuestro medio, don Manuel Somarriva enseñaba, al respecto: “El matrimonio es una institución compuesta de un conjunto de reglas esencialmente imperativas, cuyo fin es dar a la unión de los sexos, a la familia, una organización y moral que corresponda a la vez a las aspiraciones del momento, a la naturaleza permanente de hombre como también a las directivas dadas por la noción de derecho”.
Las especiales características del vínculo matrimonial están determinadas por su naturaleza sagrada y antropológica y por la importancia que este instituto tiene en el plano social, lo que lo hacen digno de la mayor consideración y protección de parte de la ley y el aparato estatal.
Sin embargo, en las últimas décadas, nuestras autoridades, lejos de reaccionar frente, por una parte, a los inquietantes signos de deterioro en la vigencia del matrimonio y, por otra, a la todavía mayoritaria valoración que del mismo mantiene el grueso de la población; han soslayado, al parecer, dicha responsabilidad, bajo el argumento aceptable, pero no siempre más eficaz, de atender las necesidades de las “otras” familias, que se estiman más vulnerables y necesitadas de auxilio estatal.
Al respecto, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, profesor Pablo Rodríguez Grez, en una reciente columna opinión, decía “el paulatino debilitamiento de la familia matrimonial parece constituir la tónica de nuestro tiempo en materia legislativa”. En efecto, señalaba, “desde hace ya varios años la familia matrimonial sufre de una anemia creciente. Lo anterior porque se ha desincentivado su constitución e importancia y, en lugar de promoverla, se la ha presentado como una trampa de la cual es difícil escapar”. Por esta razón, concluía: “lo que sí convendría es someter a un análisis crítico la legislación actual —fruto de innumerables modificaciones parciales— y lograr que ella se adecue a nuestro tiempo, redefiniendo el papel que cabe a cada uno de los cónyuges y fortaleciendo a la familia matrimonial en el marco de un estatuto jurídico completo y realista”.
[5]
Frente a la explicable y, aún, encomiable preocupación por proteger los modelos de familias alterativos, las autoridades han olvidado, en palabras del sociólogo Eugenio Tironi, que “… los estudios muestran que la familia nuclear tradicional es el modelo que genera más felicidad, bienestar y equilibrio", y que "con el fin de fomentar la felicidad, el Estado debiera promoverla, del mismo modo como el Estado promueve un ambiente anti tabaco, contrario al alcohol o a la obesidad con el fin de proteger la salud de la población".
La eventual mayor “rentabilidad” de las políticas públicas orientadas a alentar las familias basadas en el matrimonio se ha comprobado en Estados Unidos, mediante la demostración de la relación entre la estructura familiar y pobreza. Así ha descubierto que el 67% de los niños que están bajo la línea de pobreza pertenecen a una familia con madre soltera, el 39% a uno de convivencia y sólo el 12% corresponde a un primer matrimonio (Mapa de la Familia 2000, Heritage Foundation). En nuestro país, según la encuesta Casen de 2003, el 27% de los hogares pobres está a cargo de una mujer (baja a un 19% en el caso de hombres solos); y un estudio de Camhi y Arzola, en 2005, probó que los hijos de familias biparentales tenían mayores rendimientos en el Simce de lenguaje y matemáticas, que los de las familias monoparentales.
[6]
C) NECESIDAD DE LA REFORMA Y CORRESPONDENCIA CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL
Pese a la incuestionable importancia y valor que el matrimonio tiene en el ámbito social, las normativas que lo definen, regulan y fijan sus efectos (el Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil), son –en general- leyes ordinarias o comunes, esto es, de aquellas que para ser aprobadas, modificadas o derogadas, sólo requieren de la concurrencia de la mayoría de los diputados y senadores asistentes a una sesión.
A esta fragilidad del instituto matrimonial, se añade la circunstancia de que, no existe, al menos explícitamente, disposición legal que imponga al Estado el deber de resguardarlo, promoverlo o cautelarlo, como sí ocurre con el concepto de familia.
La tendencia actual del Derecho es, sin embargo, procurar la “constitucionalización” de las diferentes ramas del derecho de familia, incluido el matrimonial, a fin de reconocer una suerte de orden público familiar, cuya consagración positiva en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, como una de la “Bases de la Institucionalidad”, declarando, por un lado, a la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad” (inc. 1°) y, por otro, que es deber del Estado darle protección y propender al fortalecimiento de ésta (inc. 4°)
La reforma que postulamos procura complementar esta última norma, explicitando también como deber del Estado la protección del matrimonio, en su definición natural y legal (esto es, entre un hombre y una mujer); y el propender a su fortalecimiento, sabiendo que –al igual que la familia- es un bien social que requiere ser cautelado y amparado por una norma de rango constitucional.
Si se accede a nuestra iniciativa, no significará que el Estado desatienda o desampare a los otros tipos de familias, sino sólo que apreciará y definirá mecanismos idóneos para alentar y resguardar la unión matrimonial (entre un hombre y una mujer), en el entendido que ésta es –en palabras del Constituyente, el medio más eficaz para “… crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Con esta acción el ente público, que está al servicio de la persona humana, no hará otra cosa que cumplir su finalidad de promover el bien común.
Con todo, la inclusión del matrimonio en el texto de nuestra ley fundamental no será una acción del todo inédita,
[7] ni menos discordante con su actual redacción, puesto que para varios juristas nacionales la constitucionalización de la institución de la familia incluiría la del matrimonio. Con ello, la enmienda sólo volvería explícito un tácito principio constitucional.
Así, al menos, lo ha entendido la Exc. Corte Suprema, en un fallo pronunciado el 14 de diciembre de 1992: “Que el matrimonio más que un contrato civil, como se contempla en nuestra legislación, es institución dado el alcance y proyección del mismo en cuanto conforma la base de la familia y, por ende, de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido en el artículo 1° de la Constitución Política de la República y se desarrolla a través del llamado derecho de familia, que regula la relación personal y patrimonial entre los cónyuges y las de éstos con los hijos comunes. En consecuencia, todo lo relacionado con el matrimonio conforma el orden público familiar, en el cual, como es natural, tiene interés la sociedad toda, más allá de lo que puedan hacer valer los interesados directamente”
[8].
En este mismo orden de ideas, el profesor Hernán Corral Talciani estima que “si el concepto constitucional de familia debe tener un contenido determinado, éste no puede ser otro -a falta de declaración expresa en el texto o en las actas- que la familia fundada en el matrimonio. Otras formas de convivencia podrán ser más o menos admisibles jurídicamente, pero lo que la Constitución declara como núcleo fundamental de la sociedad, es la familia edificada sobre la base de la unión personal de los cónyuges”.
[9]
Por otra parte, un precepto como el que abogamos, guardaría plena armonía con lo que en esta materia declaran tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y que de conformidad al artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) expresa en su artículo 16.1: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia…”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 23.2 dispone: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia…”; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el artículo 17.2, declara: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia…”.
D) DERECHO COMPARADO
A la concordancia de la reforma que postulamos con la letra y espíritu de la Carta Fundamental, se añade el hecho que similares reconocimiento, respecto del matrimonio, se hallan en varias constituciones modernas.
El artículo 29 de la Constitución Italiana, de 1947 declara: “La República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio. El matrimonio se regulará en base a la igualdad moral y jurídica de los cónyuges, con los límites establecidos por la ley en garantía de la unidad familiar”.
La Constitución Alemana, de 1949, artículo 6 N° 1 [Matrimonio y familia, hijos extramatrimoniales]: “El matrimonio y la familia se encuentran bajo la protección especial del orden estatal (…)”
El
artículo 32 de la Constitución española, de 1978: “1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2.
La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”.
La Constitución de Guatemala, de 1985, artículo 47: “Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos”.
El artículo 37 de la Constitución de Ecuador, de 1998: “El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”.
Respetuosa y cordialmente,
Santiago de Chile, octubre de 2010.
Bernardo Cartes Venegas
Obispo
Iglesia Metodista Pentecostal de Chile
Roberto López Rojas
Obispo
Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile
Juan Ormeño Lagos
Presidente
Iglesia Unida Metodista Pentecostal
Luis Ulises Muñoz Moraga
Obispo
Iglesia Pentecostal de Chile
Eduardo Valencia Martínez
Superintendente
Iglesia Evangélica Pentecostal
Raúl Romero Espinoza
Abogado
[1] Beyer, Harald, ¿El matrimonio en retirada? Capital (revista), 07 de mayo de 2004.
[2] Información ingresada a la Base de dato del servicio, el 31 de mayo de 2010:
http://www.registrocivil.cl/Estadisticas_enfoque/estadisticas_enfoque_1.html[3] Dicha brecha, inaugurada el 2001, ha aumentado ostensible y progresivamente estos últimos años.
[4] En el mismo sentido, Según Julien Bonnecase “… si consideramos la reglamentación del matrimonio distinguimos netamente una institución jurídica, hecha de todas las reglas organizadas socialmente hacia la unión de los sexos y un acto jurídico hecho del consentimiento de los esposos y de la participación del oficial civil”. Y, León Duguit afirma: "Ver en el matrimonio un contrato es incuestionablemente un error. Sin duda que es una convención, pero convención que es la condición de nacimiento de una situación legal objetiva, la situación legal de gente casada, el estatuto de gente casada, situación permanente de consecuencias generales que se imponen, no solamente a los esposos, sino que a todos, consecuencias determinadas por la ley, tanto en sus efectos como en su extensión".
[5] El Mercurio. Santiago de Chile, 20 de junio de 2010.
[6] Camhi, R., & Arzola, M. (2005). Familia y logros escolares. Serie Informe Social, 92.
[7] El 11 de mayo de 2005, los diputados Burgos Varela, Jorge; Cardemil Herrera, Alberto; Cubillos Sigall, Marcela; Forni Lobos, Marcelo; Lorenzini Basso, Pablo; Monckeberg Díaz, Nicolás; Paya Mira, Darío; Salaberry Soto; Felipe, Seguel Molina y Rodolfo, Walker Prieto, Patricio; presentaron un proyecto de Reforma constitucional que sustituyera el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República. El objeto de la enmienda era remplazar la norma señalada por la siguiente: "Son deberes del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propendiendo al fortalecimiento de ésta y reconociendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. El proyecto señalado, ingresado con el N° de Boletín 3863-07, fue archivado el 09 de junio de 2009.
[8] Citado por: J. Barrientos Grandon / Aránzazu Novales Alquézar, Nuevo derecho matrimonial chileno. Santiago de Chile, Editorial LexisNexis, 2004, p. 34.
[9] Familia y Derecho. Universidad de los Andes, Colección Jurídica, Santiago de Chile, 1994, p. 30.
Aspecto parcial del grupo asistente a esta reunión de apoyo.
Pastores y hermanos que acompañaron.
Hermano Juan Carlos Fuenzalida, coordinador VIUMP.
Pastor Marco Mancilla, anfitrión de este evento.
La pastora Ariela de Paillacar de la Iglesia 1° de Neuquén también tuvo una oportunidad para agradecer al Señor. Dios guarde a su Sierva.
El Servicio nocturno fue coordinado por el pastor Miguel Muñoz de la Iglesia en Tomé, y el mensaje de la palabra de Dios estuvo a cargo del pastor David Fuentealba de la Iglesia en Nacimiento.
